Errores no forzados en la industria eléctrica

Daniel Salazar J.

Iniciada la pandemia surgieron múltiples mociones parlamentarias que apuntaban al mismo objetivo: proteger a consumidores de la interrupción de servicios básicos. Al mismo tiempo, se proyectaban escenarios económicos que impactarían a un gran sector de la población, especialmente el más vulnerable que enfrentaría dificultades para cumplir con el pago de las cuentas.

La autoridad acordó con algunas empresas de la industria eléctrica aplicar medidas excepcionales, y decidió dejar sin aplicación el sobreprecio para consumo de energía adicional de invierno y suspender el período de control de horas punta, en los meses de abril y mayo. En el primer caso, la medida tuvo un alivio marginal en clientes residenciales de altos niveles de consumo, mientras que en el segundo, el efecto se concentró principalmente en consumidores industriales y comerciales, cuyo consumo tiene marcada estacionalidad, como por ejemplo, la industria frutícola.

En mayo se proyectaba que el efecto para la industria sería del orden de US$ 305 millones por menor recaudación producto de la fuerte depresión de la demanda, y de alrededor de US$ 214 millones por la proporción de clientes que debería postergar el pago de sus boletas, lo que tendría repercusión en la cadena de pagos de la industria.

Pero nada hacía imaginar lo que se ha revelado las últimas semanas. Múltiples denuncias por cobros en exceso, que en principio se justificaron con argumentos regulatorios para sustentar facturaciones provisorias, cuyas diferencias con los consumos efectivos debían ser reliquidadas.

Los hechos más recientes, lejos de despejar dudas, instalan un cuestionamiento más profundo aún, aumentando la desconfianza y resentimiento de miles de familias. Se dio a conocer que la autoridad fiscalizadora ha formulado cargos a cinco empresas distribuidoras por errores en los procesos de facturación, lo que se debería a que durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, las facturas provisorias no incluyeron el cargo por uso del sistema de transmisión. La información aun no es completa, menos concluyente, y resulta lamentable lo que hemos presenciado como consumidores. Si alguien hubiese diseñado estrategia alguna para generar daño a la fe pública y la industria, difícilmente lo hubiese logrado.

Urge transparencia y asertividad para explicar lo ocurrido. Esta industria no estaba acostumbrada a este nivel de desconfianza. Se requiere urgentemente un liderazgo que ponga orden y conducción para no seguir aumentando el daño de credibilidad producido.

Los desafíos y oportunidades de la transformación energética que debe enfrentar Chile son múltiples y requiere de una industria sana, ambiente de inversiones atractivo, y diseño de reglas que promuevan eficiencia y competencia. Chile puede exhibir importantes resultados durante las últimas décadas. Pero todo lo anterior también requiere limpiar el manto de duda que se ha instalado, recuperar la credibilidad y confianza de miles de clientes y consumidores.